En el año de 2012 el historiador John W. Dower publicó un libro con diversos ensayos sobre la historia y las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Los escritos de este libro eran ya ampliamente conocidos y fueron agrupados bajo el título Formas de olvidar, formas de recordar. Japón en el mundo moderno.1 El nombre del libro no era anecdótico o casual sino que tenía el propósito de hacer reflexionar a los lectores de cómo la historia y los acontecimientos de los países pueden ser utilizados en diversos sentidos y objetivos “para educar o para adoctrinar, de manera consciente o subjetiva, idealista o perversa”.
Las reflexiones del libro de Dower nos permiten dar luz para entender cómo la historia de la persecución y concentración de los inmigrantes japoneses en América es usada con diversas intenciones. Veamos algunos ejemplos de ello.
En los primeros días de mayo, ante la pandemia causada por el coronavirus en Estados Unidos, las autoridades de salud y el gobernador del estado de Wisconsin, Tony Evers, decretaron una serie de medidas que ponían en aislamiento a la población y suspendían temporalmente las actividades económicas no esenciales con el propósito de evitar que los contagios se expandieran exponencialmente.
Un grupo de congresistas republicanos, opositores a las medidas del gobernador Evers, promovieron ante la Corte de Justicia recursos que revirtieran las políticas sanitarias de alejamiento social. La magistrada, Rebbeca Bradley, haciéndose eco de los propósitos de los legisladores, calificó como “tiránicas” las medidas de aislamiento de la población. La magistrada equiparó además, la política de resguardo de la población por la pandemia con la concentración masiva de ciudadanos norteamericanos de origen japonés que se decretó en el año de 1942. Para apoyar su argumento, la magistrada Bradley mencionó el juicio que entabló el joven norteamericano Fred Korematsu contra el Estado en ese año para evitar ser obligado a permanecer en alguno de los diez campos de concentración que las autoridades levantaron para recluir a 120 mil personas de origen japonés, dos terceras partes de ellas ciudadanos norteamericanos.
Recordemos brevemente los acontecimientos que Korematsu enfrentó al momento en que estalló la guerra y se decretó la concentración de las comunidades de japoneses en el mes de febrero de 1942. En ese entonces, el joven de 22 años de edad, ya había tomado la decisión de no acatar tal medida y no acompañar a sus padres y tres hermanos que fueron trasladados al campo de concentración de Topaz, en el estado de Utah. Ante su negativa, la policía lo arrestó y fue encarcelado en el mes de mayo, medida que Korematsu consideró ilegal por lo que promovió un recurso ante el juez para revertirla. Su caso, junto con el de tres personas más (Yasui, Hirabayashi y Endo) que no habían obedecido la orden de reclusión, llegaría a la Suprema Corte ante los recursos legales que sus abogados defensores promovieron.
En diciembre de 1944 la Corte finalmente rechazó, por seis votos contra tres, los argumentos de la defensa de Korematsu. Sin embargo, gracias a los argumentos de los jueces que se opusieron al dictamen, quedó de manifiesto que el fallo condenatorio quedó “en el inquietante abismo del racismo”. En la década de 1980, ante las violaciones y mentiras que se observaron en el proceso de estos juicios durante la guerra, los sobrevivientes lograron abrirlos nuevamente, proceso que en esta ocasión favoreció a los quejosos.
La justicia se hizo presente después de 40 años pues la Suprema Corte reconoció que fueron los prejuicios raciales y la histeria que generó la guerra los elementos que determinaron injustificadamente la reclusión de decenas de miles de personas. El Congreso aprobó en consecuencia en 1988 el Acta de Libertades Civiles mediante la cual los ciudadanos americanos de origen japonés recibieron una disculpa oficial del Estado y una indemnización de 20 mil dólares ante la violación de sus derechos que fueron objeto. En 1999, debido a su lucha para preservaran los derechos civiles, Korematsu recibió de manos del presidente Bill Clinton la condecoración civil más importante que otorga el gobierno: la Medalla Presidencial por la Libertad.
Comparar por tanto la concentración de los ciudadanos de origen japonés y el juicio de Korematsu con las medidas que pretenden proteger la salud de todos los ciudadanos ante la pandemia de coronavirus, no sólo resulta equivocado sino tendencioso. El actor George Takei, quien de niño fue enviado con sus padres a un campo de concentración, criticó de manera socarrona esa comparación al recordarle a la magistrada Bradley en un twit: “Estoy en casa viendo Netflix. No es un campo de concentración, créanme”.
El otro caso que vale la pena recordar, para entender cómo se ha intentado utilizar la historia de los inmigrantes japoneses, sucedió hace cuatro años. A inicios del año de 2017, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 13769 que restringía severamente el ingreso de ciudadanos de siete países con población de religión musulmana a Estados Unidos. El decreto impidió que gran cantidad de residentes de esos países se refugiaran en Estados Unidos o incluso que ingresaran muchos de ellos que ya radicaban en este país y se encontraban fuera en esos momentos. Las medidas restrictivas para impedir el acceso a Estados Unidos y la creación de posibles listas que se pretendieron usar para registrar a ciudadanos que procedían de esos países, sacaron a la luz nuevamente las leyes y regulaciones injustas a las que se vieron sujetos los inmigrantes japoneses dado que se señaló que podrían utilizarse nuevamente.
Las primeras voces contra estas medidas persecutorias y racistas fueron las de la comunidad de japoneses-americanos. Con gran claridad y decisión, algunos de ellos que sobrevivieron a los campos de concentración, expresaron su rechazo y la utilización de su historia para que se pusieran en marcha registros y redadas contra las comunidades de americanos-musulmanes. Chiyoko Omachi, de 90 años de edad, quien había sido enviada al campo de concentración en Poston, Arizona cuando tenía sólo 15 años de edad, hizo un llamado para que la “histeria” que se vivió contra los ciudadanos de origen japonés no se repitiera en el caso de los ciudadanos que practican la religión musulmana.2
Jim Matsuoka, de 80 años de edad, formó parte del contingente que en el mes de diciembre de 2016, en el barrio de Little Tokyo de la ciudad de Los Ángeles, protestaron contra la idea de registrar o, peor aún, concentrar a los ciudadanos norteamericanos de la comunidad musulmana. Matsuoka consideró que los ciudadanos que practican la religión musulmana eran “bienvenidos”. Cuando era niño, fue enviado con su familia al campo de concentración de Manzanar, por lo que señaló con gran tristeza que en ese entonces existía un fuerte racismo que desgraciadamente seguía reproduciéndose en Estados Unidos.3
Recordar la historia de los inmigrantes y de los que fueron víctimas de persecución por su origen étnico se convierte en una poderosa arma contra los discursos de odio, racismo y xenofobia. Tener presente las palabras de Korematsu para que ningún ciudadano deba ser perseguido por su apariencia como él lo vivió nos permite comprender que los sacrificios y experiencias de anteriores generaciones tienen sentido para construir un mundo tolerante. La memoria, si es usada de buena manera, se puede convertir en la mejor vacuna contra el virus del racismo y la persecución.
Notas:
1. John W. Dower, Ways of forgetting, ways of remembering. Japan in the Modern World, Nueva York, The New Pres, 2012.
2. “We Interned Japanese-Americans - Are Muslims Next? Local Groups Fear Future”, Ted Cox , 7 de diciembre de 2016.
3. “Japanese-Americans stand with Muslims in wake of attacks”, Josie Huang, KPCC, 8 de diciembre de 2016.
© 2020 Sergio Hernández Galindo
