El ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 no sólo dio inicio a la guerra entre Estados Unidos y Japón. A partir de ese día las comunidades de migrantes japoneses que habían arribado a distintos países de América se convirtieron en parte del conflicto y de las hostilidades mismas.
Los inmigrantes japoneses fueron considerados por varios los gobiernos del continente como un ejército de invasión del imperio japonés por lo que se les concentró y persiguió en los países donde los inmigrantes tenían décadas de haberse establecido. Los hijos de los japoneses, sin poseer la nacionalidad del país de sus padres, se les acusó de ser “enemigos extranjeros” en el propio país donde nacieron. La guerra del Pacífico desató, en grandes proporciones, el odio racial contra los inmigrantes, sentimiento que ya estaba presente desde los tiempos en que fueron arribando por oleadas a fines del siglo XIX.
De Japón salieron más de 800 mil personas hacia América en busca de trabajo y de un mejor futuro. Eran agricultores, mineros, pescadores, comerciantes y profesionistas que construyeron solidas comunidades con profundas raíces en los pueblos y ciudades donde radicaron. Algunos japoneses incluso se naturalizaron en distintos países como México; decenas de miles de ellos lo deseaban hacer en Estados Unidos, pero las leyes norteamericanas no lo permitían al considerarlos una raza inferior y ser un peligro para su seguridad.
En Estados Unidos, en febrero de 1942, el presidente Franklin Roosevelt autorizó que los 120 mil japoneses y sus descendientes que radicaban en ese país fueran internados en 10 campos de concentración. Del total de esas personas, dos terceras partes eran jóvenes y niños que tenían la nacionalidad norteamericana.
México, Perú y Brasil, presionados por el gobierno norteamericano, promulgaron decretos que obligaban a las familias de los inmigrantes a trasladarse a otros lugares para ser vigilados y concentrados. El caso más grave fue tomado por las autoridades peruanas que permitieron además que los inmigrantes fueran prácticamente secuestrados y llevados a los Estados Unidos. En total, más de 2 mil japoneses y sus descendientes en Latinoamérica, la gran mayoría procedentes de Perú, fueron trasladados de manera obligatoria a los campos de concentración norteamericanos.
Una bomba atómica adelantada.
La concentración, vigilancia y traslado forzosos significaron para los japoneses y sus descendientes en América un enorme sufrimiento que destruyó su entorno en el que habían vivido. Tuvieron que abandonar los trabajos y la forma de vida que habían construido, dejar sus casas y bienes que habían cosechado como fruto de su trabajo en décadas. Los niños y jóvenes se vieron obligados a abandonar las escuelas y los lugares donde habían crecido. La guerra y las medidas que trajo consigo, representó para todos ellos una bomba atómica que destrozó todo en un instante.
El gobierno mexicano, en el mismo mes de diciembre de 1941, ordenó a todas las familias de los japoneses que radicaban en la frontera con Estados Unidos a trasladarse a las ciudades de Guadalajara y México. Con sus propios recursos y con lo que pudieron llevar consigo, los pescadores de Ensenada y los agricultores algodoneros de Mexicali en Baja California, fueron los primeros en salir a los lugares de concentración. Los mineros de Coahuila, los pequeños comerciantes radicados en Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibieron los fatídicos telegramas de movilización. Posteriormente, en todos los lugares de la Republica donde radicaran inmigrantes que estuvieran cerca de las costas, les fueron giradas las mismas órdenes del gobierno. El año nuevo de 1942 fue recibido con muy malos augurios para todas las comunidades japonesas que estaban plenamente establecidas en pueblos y ciudades de México.
La organización y la solidaridad de los inmigrantes en el Comité de Ayuda Mutua, Kyoei kai.
Para alojar y recibir a los japoneses y sus familias en las ciudades de México y Guadalajara, los residentes que vivían en esas ciudades crearon un Comité de Ayuda Mutua, Kyoei kai. La organización de este comité, autorizado por el propio gobierno mexicano, permitió recibir y alojar momentáneamente a los miles de inmigrantes que no tenían donde radicar y orientarlos para buscar un trabajo. Los fondos del Kyoei kai surgieron de los recursos que la embajada de Japón había dejado en México al romperse las relaciones entre ambos gobiernos y de las donaciones en dinero y especie que la propia comunidad aportó para apoyar a sus paisanos.
Los comités en la ciudad de México y en Guadalajara ayudaron en lo que mejor pudieron para apoyar a todas las familias que llegaron de manera abrupta a estas ciudades. Muchos de los concentrados no tenían recursos ni posibilidad de conseguir un trabajo para sostener a sus familias. Ante esta situación, el Comité busco los lugares apropiados para que las familias no sólo se aojaran sino que pudieran tener un medio de vida. Fue así que la Hacienda de Temixco, cerca de Cuernavaca, fue comprada para que los inmigrantes y sus familias pudieran sembrar arroz y verduras y ser remunerados con un salario. Cerca de Guadalajara, en el municipio de Tala, se acondicionó otro lugar en el rancho Castro-Urdiales propiedad de Jesús González Gallo, quien era secretario particular del presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
La medida de la concentración causó malestar no sólo entre los propios inmigrantes. En los lugares donde éstos vivían, los pobladores mandaron cartas a las autoridades para que la movilización no se realizara; incluso las propias autoridades locales fueron las que demandaron que permanecieran en esos lugares. Los habitantes conocían de manera directa a los inmigrantes y los consideraban como personas honestas y trabajadoras, sabían por experiencia propia que no representaban ningún peligro como la propaganda oficial señalaba.
La concentración y el fin de la guerra. Una nueva forma de integración a México
La concentración y el traslado forzoso representaron un nuevo reto para las comunidades de japoneses. Una nueva inmigración de hecho, tan incierta y complicada como la de los primeros años en que arribaron a México. La concentración sin embargo potenció la solidaridad y los lazos de integración y ayuda que se encontraban dispersos en muchos lugares. La preocupación central de las comunidades en esta nueva etapa era que sus hijos no sólo tuvieran alimento para sobrevivir, sino que se prepararan y educaran para enfrentar los retos que la vida les presentaría. Por las mañanas los niños asistían a las escuelas públicas, mientras que por las tardes se crearon cinco escuelas en los distintos barrios de la ciudad de México donde recibían clases del idioma japonés y otras materias de estudio. En Guadalajara igualmente se organizó una escuela más.
Al finalizar la guerra, la gran mayoría de los concentrados decidieron no regresar a sus lugares de origen debido a que estaban ya instalados de una u otra manera y a que en estas grandes ciudades había escuelas de nivel medio y superior donde sus hijos se prepararían de mejor manera. Esta generación de descendientes de japoneses se constituiría en los profesionistas que dieron y dan presencia y prestigio a la comunidad nikkei en la actualidad. Las condiciones de desgracias y agobio fueron al final propicias para crear una nueva comunidad nikkei integrada a México pero con raíces del país que venían sus padres.
Akemi Matsumoto, hija de un inmigrante que fue concentrada en los Estados Unidos, escribió un poema que está inscrito sobre las piedras del memorial en la ciudad de Washington, a unos metros del Capitolio.
Japoneses de sangre,
corazón y mente americanos.
Con honor imbatible
soportaron la picadura de la injusticia
para generaciones futuras
El monumento se logró construir como resultado de la lucha de décadas a que se avocaron los sobrevivientes de los campos norteamericanos para exigir una disculpa oficial del gobierno. El presidente Ronald Reagan firmó tal disculpa en el año de 1988 e indemnizó a los sobrevivientes.
El poema a su vez puede ser representativo del sentimiento de los hijos de inmigrantes en toda América que crecieron como ciudadanos de estos países. Desgraciadamente los gobiernos en Latinoamérica no han ofrecido una disculpa oficial que merecen no sólo los descendientes de los inmigrantes sino todos los ciudadanos en general ante la violación masiva de los derechos humanos y constitucionales que se perpetraron como parte de la guerra entre Japón y los Estados Unidos.
© 2018 Sergio Hernández Galindo
