En muy pocos días un nuevo tribunal va a determinar la anulación o no del inicuo proceso perpetrado contra el ex mandatario Alberto Fujimori Fujimori y el destino de la absurda pena de 25 años impuesta por la terna de jueces presidida por César San Martín el 7 de abril de este año.
Sin duda, desde esa fecha, la mayoría de peruanos, esa mayoría silenciosa que no participa en “la construcción de la agenda nacional” ni forma parte de la opinión “publicada”, hemos podido percibir cómo se yergue una grave amenaza contra nuestra seguridad jurídica. Nos hemos sentido más que nunca expuestos a tribunales que, en lugar de una justicia basada en la cuidadosa compulsa de hechos y testimonios verificables, transforman el procedimiento judicial en un engañoso juego de especulaciones, en una construcción pérfida de conceptos pretendidamente teóricos, en realidades de meras imágenes con un solo fin: la eliminación de un contendor ideológico y político, en fin, la justicia como un vil instrumento de revancha.
No vamos a discutir aquí los detalles. El curioso “secuestro agravado” de Dyer y Gorritti que, a la luz del recuento balbuceante, sonrojado y contradictorio de los hechos realizado por los propios “afectados”, no deja ninguna duda acerca de que no estamos ante un “secuestro agravado”, ni siquiera ante un secuestro y sí ante una burda argucia montada sólo con el fin de abultar la materia del proceso, muy semejante en intención al extravagante testimonio de Jorge del Castillo acerca de un pretendido intento de asesinato contra su importante persona. Tampoco interesa aquí si el fallo San Martín no debió mencionar la “violación de derechos humanos” como materia de la acusación, en realidad una frase más, un “slogan” en una carrera de frases hechas sin sustento ni rigor jurídico emprendida para confundir la materia; es decir, otra morisqueta más hecha con los mismos fines.
No tiene nada que ver aquí tampoco que los muertos de La Cantuta y Barrios Altos hayan sido terroristas o no, pues cualquier persona con sentido común y un mínimo de humanidad entiende que aún los asesinos tienen derechos, no siendo preciso pertenecer a una ONG “derechohumanista” trotskista, estalinista o maoísta para defender este aserto; en realidad, lo contrario es cierto, es preciso no adscribir a ninguna de estas posturas ideológicas para actuar con coherencia y verdad sobre esta materia. Lo central del problema es que estas absurdas muertes puedan serle imputadas al ex presidente Fujimori y la verosimilitud de los fundamentos de una condena a todas luces arbitraria y antijurídica, la cual debía sustentarse en el cotejo de los hechos de la realidad debidamente comprobados y no a través de falaces “pruebas indiciarias“, concepto que el fallo San Martín explica en una nota con tintes de trabalenguas por su pésima redacción, como “aquellas de las que nace la certeza de un hecho del que se infiere en concatenación lógica, la realidad de otro hecho que era precisamente aquel que se intentaba comprobar, y que inicialmente no resultaba acreditado en forma directa”. Notable elucubración (“lógica”, según la “brillante” terna San Martín), de esas a las que nos ha acostumbrado mal la infame justicia prevaleciente desde los Inicios del siglo XXI en el Perú.
No dudo que las “lógicas concatenaciones” de San Martín y su corte no pasarían la más simple revisión de un verdadero lógico, pero lamentablemente estamos en el Perú, pueblo de desconcertadas gentes en donde somos asaltados cada día por criterios tan “lógicos” como los que endosa la “Sala San Martín”, similares en naturaleza a los vigentes en la Alemania nazi con respecto a los judíos: Era una raza impura y corrupta, por lo tanto debía ser aniquilada.
En el caso Fujimori se yergue el concepto de “autoría mediata”, fundado no en la verificación de la prueba, que no existe, sino en la construcción desvergonzada de un endeble tinglado de frases mal armadas y peor escritas en que se desgranan no supuestos jurídicos, sino meras suposiciones y pre-juicios; no serios análisis, sino slogans: Fujimori fue un “dictador” todopoderoso”. El análisis de las circunstancias del “autogolpe”, la convocatoria del Congreso Constituyente Democrático, la Constitución de 1993 vigente, las elecciones libres y el hecho de que muchos de los que hoy conforman las salas de la “justicia anticorrupción” y aún la Corte San Martín hayan ejercido funciones y aún elaborado políticas durante el gobierno de Fujimori, que la oposición tuvo los medios aunque no los votos para hacerse escuchar no los hace retroceder de sus supuestos presupuestos.
Tal “dictadura” - dice el tribunal - “constituyó un aparato organizado de poder utilizando los resortes del Estado”. ¿Alguna prueba? No, una frase. Un gobierno de este jaez estableció una política que “importó la comisión sistemática o generalizada de violación de derechos humanos”. No les avergüenza siquiera la falacia existente en la disyunción entre “sistemático” y “generalizado”, y la que nace de los hechos reales: la elaboración de una legislación y política clara de lucha antiterrorista con sujeción a la doctrina universal de los derechos humanos, del apresamiento de toda la cúpula terrorista en las cárceles y no su ejecución extrajudicial, de la revisión de casos en aras de evitar errores judiciales y un largo etcétera.
En una estrecha síntesis, a falta de pruebas y lógica verdaderamente jurídica, ha sido necesario para el régimen de la falsa “transición”- desde una quimérica “dictadura” a una igualmente falsificada “democracia” - instrumentalizar conceptos, deslizar pre-supuestos, construir imágenes y frases. Como en la lógica de la Alemania de Goebbels, lo importante es el slogan y la propaganda, la apariencia de verdad y no la verdad.
El tribunal en el cual recae actualmente la responsabilidad de revisar la causa del ex Presidente Alberto Fujimori cuenta con una semana o días para decidir entre la verdad de los hechos y la maraña de suposiciones y frases perversamente hilvanada por fiscales y jueces orientados todos a un fin no jurídico: condenar a un inocente. Es corto el tiempo para decidir entre el temor presente a confrontar con poderosas maquinarias de la intolerancia, cínicamente recubiertas con ropaje de “democráticas”, en las que se coaligan intelectuales, hombres del Derecho, organizaciones “civiles” y políticas y aún los medios para mantener la farsa, y el futuro de un país civilizado como el que queremos, en que se aplique rectamente la justicia. Está en manos de los jueces su prestigio personal y el de la justicia y el Derecho peruanos ante la Historia. Sobre el prestigio del Tribunal San Martín no queda nada por decir.
* Este artículo se publica bajo el Convenio Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Japanese American National Museum, Proyecto Discover Nikkei. 2009 – 2010.
© 2009 Deolinda Esteves Gil de Villa
