Isamu Carlos Shubayama, hijo de emigrantes japoneses, nació en Perú en el año de 1931. Cuando sólo era un niño, sus padres, sus hermanos y sus abuelos fueron arrestados en Lima a petición del gobierno norteamericano en 1944. Los Shibayama fueron trasladados a los Estados Unidos donde se les recluyó durante dos años en un campo de concentración en Crystal City, Texas. Los abuelos del pequeño, fueron canjeados por ciudadanos de los países aliados durante la guerra, Isamu ya nunca más volvería a verlos.
Shibayama ahora cuenta con 86 años de edad, posee actualmente la nacionalidad norteamericana y tiene la fortaleza para exigir justicia por las violaciones de los derechos humanos de que fueron objeto su familia por parte del gobierno norteamericano. Isamu asistió el 21 de marzo de 2017 a la ciudad de Washington a la audiencia que le concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que expusiera de viva voz los motivos de su queja. Desde hace 13 años, Isamu y sus dos hermanos menores interpusieron una demanda en este organismo internacional con el propósito de obtener una compensación y una merecida disculpa de parte del gobierno norteamericano
Aunque la Comisión Interamericana no tiene capacidad de obligar a los gobiernos de acatar sus resoluciones, de prosperar la petición de los Shibayama se reconocería públicamente las flagrantes violaciones de la ley que cometieron los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Perú contra un grupo de ciudadanos que no habían cometido algún delito. La acusación bajo la cual el gobierno norteamericano recluyó a los japoneses latinoamericanos fue la de ser “extranjeros ilegales” cuando en realidad fueron las propias autoridades de ese país las que los detuvieron y confiscaron sus papeles de identificación.
En Estados Unidos, al estallar la guerra, los ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron víctimas de esa política persecutoria de su gobierno. Mediante una orden ejecutiva del Presidente Roosevelt se ordenó recluir a más de 120 mil personas en 10 campos de concentración en febrero del año de 1942. Algunos japoneses americanos, desde el momento mismo en que se les dio la orden de concentración, presentaron demandas para evitar esa arbitrariedad, procedimiento que desgraciadamente desecharon los jueces. Sin embargo, décadas después, la perseverancia de los japoneses americanos logró un gran triunfo al ser firmada el Acta de Libertades Civiles en 1988 por el presidente Ronald Reagan.
La expedición de esta acta permitió una compensación de 20 mil dólares y una disculpa que el gobierno norteamericano ofreció a sus ciudadanos que fueron encarcelados injustamente. El Acta señaló además que fueron los prejuicios raciales y la histeria de la guerra los que causaron estas violaciones de los derechos ciudadanos. Esta victoria de la comunidad de japoneses americanos, forzó a que el gobierno norteamericano accediera a la compensación de sólo 5 mil dólares y una tímida disculpa personal para los japoneses latinoamericanos que fueron recluidos del mismo modo. El ofrecimiento fue rechazado por los Shibayama pues la propuesta era claramente discriminatoria e injusta.
El enorme dolor que la política persecutoria norteamericana causó a los Shibayama y a los más de 1,800 japoneses y sus descendientes que fueron enviados desde Perú nunca podrá ser reparado con ninguna cantidad de dinero. Por esto los Shibayama desean, ante todo, que su caso sea conocido y que sirva de antecedente para que nunca más otras personas de cualquier parte del mundo sufran lo que ellos tuvieron que soportar como lo declaró Isamu en su comparecencia ante la Comisión Interamericana.
La persecución de que fueron objeto los japoneses no sólo se circunscribió a Estados Unidos y Perú. A nivel continental los emigrantes japoneses y sus descendientes fueron perseguidos por el gobierno norteamericano. Además del grupo de 1,800 japoneses peruanos, se trasladó de Panamá, Colombia, Cuba y nueve países latinoamericanos más a cerca de 400 emigrantes a los campos de concentración instalados en Estados Unidos. Es necesario reconocer que en el caso de México, el gobierno mexicano se opuso a la petición norteamericana de enviar emigrantes a ese país. Sin embargo, un grupo de pescadores que radicaban en el puerto de Ensenada, en Baja California arribaron, después de que estallara la guerra, al puerto de San Diego por su cuenta por lo que fueron arrestados e internados en esos mismos campos acusados de ser “extranjeros enemigos” aunque algunos de ellos ya era ciudadanos mexicanos naturalizados (ver "La guerra de odio y persecución contra los emigrantes japoneses en América. ¡NUNCA OLVIDAR¡").
También es necesario precisar que la persecución y el acoso sobre las comunidades de emigrantes en todo el continente no se inició a partir del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Décadas atrás, ante el avance de Japón como gran potencia imperialista en Asia a principios del siglo XX, el Departamento de Guerra norteamericano solicitó a sus embajadas en todo el continente, reportaran el número y las actividades de los emigrantes de esa nacionalidad desde el año de 1910.
De manera paralela a la política de vigilancia del gobierno norteamericano, los ataques xenófobos contra los trabajadores emigrantes se habían desatado en los Estados Unidos y Perú desde que fueron arribando a esos países al inicio de siglo. En ese primer país se decretaron leyes restrictivas para segregar a los hijos de los emigrantes de las escuelas públicas en la ciudad de San Francisco en 1906. Años después, se expidió una ley donde se les impedió a los emigrantes ser propietarios de los terrenos agrícolas que habían comprado, teniendo que traspasarlos a nombres de sus hijos que eran ya ciudadanos norteamericanos. Finalmente en 1924, el presidente de los Estados Unidos firmó una ley que haría ya imposible el ingreso de más inmigrantes japoneses y que además impedía que se naturalizaran los que ya tenían décadas de radicar en los Estados Unidos por motivos de “contaminación racial”.
Para la década de 1930, las diferencias entre Japón y Estados Unidos por la defensa de sus intereses imperiales en Asia se incrementaron. Esta situación desató con mayor fuerza la vigilancia y el acoso del gobierno norteamericano sobre los intereses japoneses en el continente. Al acercarse la guerra, el FBI y la inteligencia norteamericana se encargaron de vigilar no sólo los movimientos de los diplomáticos japoneses en el continente, sino que consideraron a los emigrantes establecidos en diversos países latinoamericanos como “quintacolumnistas”; es decir, parte de un ejército invasor instalado en América al servicio del gobierno imperial japonés.
Nuevamente en Perú se registró el hecho más grave que los emigrantes tuvieron que enfrentar antes de la guerra. Los rumores hicieron que turbas enardecidas realizaran saqueos y ataques sobre los negocios de los japoneses señalando que en esos locales se escondían armas que se utilizarían para derrocar al gobierno establecido. En ese ambiente antijaponés en todo el continente y de encono entre los Estados Unidos y Japón, las comunidades de emigrantes empezaron a vivir la guerra misma antes de que estallara en realidad. El FBI para ese entonces ya poseía un conocimiento muy preciso sobre los emigrantes, sus organizaciones, escuelas y actividades a las que se dedicaban en todos los países del continente.
El ataque de Japón a la base naval norteamericana de Pearl Harbor no hizo sino incrementar la desconfianza y ahora el odio contra los emigrantes en todo el continente. Los gobiernos de la región pudieron así poner en marcha una política de encarcelamiento que permitió que se crearan campos de confinamiento para los emigrantes en diversos países y que se les confiscara sus bienes y propiedades contando con el apoyo mayoritario de sus ciudadanos. El miedo ante una supuesta “invasión japonesa” apoyada por los emigrantes justificaron el confinamiento continental de los japoneses y de sus descendientes que se decía representaban un peligro para la seguridad del continente ante la guerra contra Japón.
La batalla que los Shibayama están dando en el organismo continental de defensa de los derechos humanos todavía será larga. La justicia tardará en llegar, ojalá que la salud tan deteriorada de los Shibayama debido a su avanzada edad, les permita abrazarla. Pero además, la lucha de los Shibayama resulta más que pertinente en este momento por dos cuestiones: 1º) Ningún gobierno latinoamericano ha reconocido la serie de violaciones que el Estado cometió contra los emigrantes, ni mucho menos se ha disculpado por ello. 2º) Los demonios racistas, discriminatorios y persecutorios -que nunca han desaparecido en la sociedad norteamericana- se han desatado nuevamente con gran fuerza desde la cúspide del propio gobierno de ese país.
© 2017 Sergio Hernández Galindo
